sábado, 25 de abril de 2020

DIRECTORA DE USPEC FRENA LOS RECURSOS DE LAS CÁRCELES Y PENITENCIARIAS COLOMBIANAS.

Y LAS TIENE AL BORDE DEL COLAPSO, CON LA MUERTE DE PRESOS Y DE GUARDIANES POR SU POCA CELERIDAD PARA ENTREGAR EJECUTAR PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS PENITENCIARÍAS DEL ESTADO.



Siendo la profesional Lissette Cervantes, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al mando de la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, y del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, nadie entiende porque la ministra y el general Norberto Mujica, se quejan de que la señora Cervantes no le está girando a tiempo los recursos a las cárceles y al Inpec, produciéndose un caos por falta de tapabocas, equipos de protección, desinfección de patrios penitenciarios. En las cárceles de Villahermosa y Jamundí, sus propios directores han puesto el mate para solicitar recursos al sector privado y a los gobiernos locales y departamental del Valle, para mencionar sólo dos casos.
Personas privadas de la libertad mayores de 70 años, quienes pagan condenas en la cárcel de Villavicencio, Meta, esperan recobrar la libertad, por la pandemia del coronavirus que tiene a varios internos y guardianes en grave estado de salubridad.

Según dicen los mismos guardianes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaría Nacional de Villavicencio, Meta, los tapa bocas e indumentaria de protección contra el covid-19 fueron donados por la alcaldía de Villavicencio, ante la negativa de la Directora de USPEC, Lissette Cervantes, de girar los recursos para la prtección contra la propagación del Covid 19 en la cárcel de esa capital. 


En la situación de la Penitenciaría nacional de Villavicencio, los aportes a la salubridad lo han hecho las administraciones departamental del Meta y del municipio de Villavicencio y esta es la hora que los recursos no llegan y los problemas siguen, pues hay más de 100 personas afectadas con el covid-19.
Una de las antecesoras en la dirección de Uspec, Cristina Palau, fue capturada hace un años por recibir 600 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato de la cárcel de Combita en Boyacá. Allá un contratista denunció que la señora Palau se reunió con empresarios a quienes les aseguró que una de las dos obras que iban a salir por el Fonade para una construcción en la cárcel de Cómbita. Se dijo además que el senador Bernardo “Ñoño” Elías” tenía “amarrada” la asignación de estos contratos para dos empresas recomendadas por un funcionario del Consejo Nacional Electoral.
Entonces, cabe preguntarse, ¿para quién está amarrando la plata de las cárceles la señora Lissete Cervantes, pues dicen la ministra y el director de Inpec que no la suelta... Mejor dicho, la funcionaria resultó con más poder que un ministro. Ahora los presos y los guardianes pagan los platos rotos y varios de ellos han perdido su vida.
¿Que dice el presidente Duque? "Son ratas de alcantarilla los que se roban el presupuesto del Estado", pero... corresponde ahora que Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, investiguen ¿qué es lo que está pasando con la tal Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios?, un embeleco que se inventaron para robarse la plata de las cárceles.

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